El impuesto sobre el patrimonio ha sido uno de los protagonistas de estos últimos días en tanto que el Gobierno de España ha decidido reactivarlo tras su supresión (por este mismo Ejecutivo) en el mes de diciembre de dos mil siete. Al ser suprimido y no eliminado, el impuesto sobre el patrimonio ha podido ser recuperado a través de un Decreto Ley sin necesidad de promulgar una nueva Ley. El 1 de enero de 2008 se excluía de pagar dicho impuesto a todos y cada uno de los contribuyentes, suprimiéndose asimismo la obligación de presentar la declaración correspondiente.

Esta clase de impuesto es de carácter directo y progresivo, se aplica sobre el patrimonio personal de las personas físicas (no sobre los ingresos o bien transacciones y tampoco sobre las empresas) y se calcula en base al valor de todos y cada uno de los recursos del sujeto pasivo como complemento al IRPF.

La recaudación y la administración de este impuesto es competencia de las comunidades autónomas y con lo que se ve, en la mayoría de aquellas en las que gobierna el Partido Popular no va a ser aplicado. Este impuesto obligaba a declarar, antes de ser suprimido, a aquellos impositores cuya base imponible fuera superior a los ciento ocho mil ciento ochenta y dos euros (el valor de los bienes una vez descontadas las cargas o bien gravámenes, como las hipotecas), o cuando el valor de los recursos y derechos sobrepasara de seiscientos mil doce euros. Sin embargo, los impositores estaban exentos de declarar recursos como la vivienda habitual o bien el negocio que supusiese la principal fuente de ingresos, siempre que estos no superaren los 150.253 euros. Ahora, y según ha hecho público un miembro del Ejecutivo, la idea es que declaren este patrimonio las grandes fortunas (aquellas con más de un millón de euros en patrimonio).

En 2007, el impuesto sobre el patrimonio afectaba a más de novecientos personas y con él se recaudaban unos dos mil cien millones de euros. Actualmente se espera afecte a unas noventa personas y la recaudación se estima en unos 1.400 millones de euros.

Esta medida, entendida por muchos como puramente electoralista, no será seguida por comunidades como Valencia, Baleares, Castilla-La Mácula y Aragón. Otras como Extremadura, Andalucía y Galicia sí son partidarias de restituirlo.

 

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