La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que daba por buena la contratación conjunta de proyecto y obra para el Mesón Gitano, acto administrativo contra el que recurrió el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. La sentencia pone fin a un recurso contencioso-administrativo cursado inicialmente en 2013 y que, aún a día de hoy, cinco años después, estaba sin resolución judicial definitiva tras diversos recursos a las sentencias previas.
La inadmisión a trámite del recurso se produce «al no haberse justificado en el escrito de preparación que las infracciones imputadas a las sentencia hayan sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la misma», acuerdo que conlleva además la imposición de las costas procesales a la parte recurrente hasta un límite de 1.500 euros.
El concejal de Seguridad y Movilidad y anterior responsable de la Empresa Municipal ‘Almería Urban’, Manuel Guzmán, mostró ayer su «satisfacción» por la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por los arquitectos que viene a avalar el procedimiento escogido por el Ayuntamiento de la capital para la contratación del proyecto y obra del Mesón Gitano mediante un único concurso. Guzmán insistió en que esta «esperada» decisión, ahora del Tribunal Supremo, «refuerza» la posición municipal con respecto de un expediente «impoluto», lo que a su juicio «desmonta» un proceso que ha sido una «caza de brujas» por parte de los responsables del Colegio de Arquitectos, poniendo en entredicho el trabajo no sólo de los responsables políticos municipales, sino también de los propios funcionarios.
Este archivo no afecta a la investigación penal , por la que la Fiscalía formuló acusación contra tres funcionarios del Ayuntamiento de Almería y dos consejeros de la promotora Facto SA por manipular presuntamente el concurso para las obras del Mesón Gitano, por valor de 5,4 millones de euros financiados con fondos europeos y para los que pidió penas de prisión, inhabilitación y el pago de multas por el importe de adjudicación de la obra.