La venta en pública subasta se regula en los artículos 56 a 61 LOCM (Capítulo V, Título III). Son requisitos esenciales para la aplicación de estas normas los siguientes: 1) la subasta se efectuará entre particulares, quedando en consecuencia, excluidas las subastas judiciales o bien administrativas; 2) el objeto de la subasta no serán títulos; tres) el subastador será una compañía que se dedique habitualmente a esta actividad o bien al comercio al por menor (art. 56.2). Conforme el artículo cincuenta y seis.1, “la celebración de una pública subasta consiste en ofertar, pública y también irrevocablemente, la venta de un bien a favor de quien ofrezca, mediante el sistema de pujas y dentro del plazo concedido al efecto, el costo más alto sobre un mínimo, ya se fije éste en un inicio o bien mediante ofertas descendentes realizadas en el curso del propio acto”. La condición “pública” de la subasta hay que entenderla en el sentido de que la oferta de contratar se dirige al público por lo general y no como demanda de que quien haga la oferta sea una entidad de derecho público (téngase en cuenta que en ese caso la subasta quedaría como licitadores quienes reúnan los requisitos que la oferta prevé. Si la oferta de venta se dirige a personas concretas y determinadas, será un supuesto de subasta privada, quedando excluida del ámbito de la Ley. Además de ser pública, la oferta de subasta va a ser irrevocable, según declara el propio artículo 56.1 LOCM. Convocada la celebración de la subasta, y anunciados los bienes a subastar, el subastador no podrá anularla con libertad. No obstante, ha señalado alguna opinión que la irrevocabilidad debe entenderse no en el sentido de que la subasta deba tener lugar necesariamente. Más bien se trata de que si la subasta llega a realizarse, el que efectuó la oferta de subasta no pueda negarse a contratar. Su consentimiento se halla ya tácito en la oferta. De igual manera, el ofertante no podrá introducir cambios en la oferta. El artículo cincuenta y seis.1 se refiere a 2 modalidades para la fijación del costo mínimo. Este puede aparecer determinado en la propia oferta, o en el propio acto de la subasta, mediante ofertas a la baja a partir de cierta cantidad, la cual va a haber sido determinada en la oferta de subasta. El coste mínimo no es requisito esencial. Su establecimiento dependerá de la voluntad del enajenante. La LOCM no sólo emplea el término subasta en el sentido hasta el momento mencionado. Asimismo se refiere al contrato que vincula en su caso al propietario del bien y al subastador (art. cincuenta y siete). La oferta de venta en pública subasta se identifica por lo siguiente: 1) La oferta no contiene todos los elementos del futuro contrato, puesto que falta el costo, que no quedará determinado hasta un momento siguiente, el de realización del acto de subasta; 2) Son los licitadores quienes determinan el precio a través de sus regresivas pujas; 3) El contrato se efectuará con quien ofrezca el mayor precio, y no con la primera persona que acepte esa oferta. El artículo 59 LOCM se refiere al régimen de la fianza o bien caución exigible a los licitadores para intervenir en el acto de la subasta. Solamente podrá demandarse la constitución de fianza a los licitadores cuando expresamente se haya consignado esta condición en los anuncios de la subasta. No es suficiente con que se haya previsto en las Condiciones Generales de la empresa subastadora. En el anuncio se consignará además de esto la cuantía de la fianza. La función de la fianza es la de garantizar la seriedad de las pujas. A menos que en este anuncio se disponga otra cosa, parece que se tiene que comprender que la fianza entregada formará parte del costo, puesto que solo ha de ser reintegrada a los licitadores a quienes no hubiese sido adjudicado al remate. La fianza deberá ser reintegrada dentro del plazo máximo de tres días a contar desde la finalización del acto. El rematante va a perder la fianza constituida para el en el caso de que no satisfaciere el costo en las condiciones en que se hizo la adjudicación. En defecto de acuerdo, la fianza corresponderá al titular del bien subastado, una vez deducido al coste o bien comisión atribuible a la compañía subastadora. Todo ello sin perjuicio del derecho del vendedor a exigir el cumplimiento del contrato. El artículo seiscientos uno demanda que la adjudicación del bien al rematante se haga constar por escrito. Es lo que es conocido como acta de la subasta. En el acta, que será redactada por el subastador, se indicará el número de lote, el precio de remate y la identificación del rematante. El propio art. 60.1 establece que la entrega del bien subastado se generará una vez satisfecho el precio de remate o bien la una parte del mismo determinada en los correspondientes anuncios. En lo que se refiere a la manera del contrato de compra y venta, el artículo 60.2 demanda su formalización por escrito, ya sea en documento público o bien privado. No es este un supuesto de forma esencial, por lo que el contrato sería válido a pesar de no haberse llenado la manera escrita. La demanda de la forma escrita ha de ser interpretada en el sentido del artículo mil doscientos setenta y nueve CC. El artículo sesenta y uno LOCM se refiere a 2 efectos que se derivan de la adquisición de un objeto en pública subasta. Por un lado, a la irreivindicabilidad de los recursos muebles o bien adquisición a non domino en favor del adjudicatario. En lo que se refiere a la irreivindicabilidad, el artículo sesenta y uno.1 se remite al artículo ochenta y cinco Cco: la adquisición en subasta queda equiparada a la compra de mercancías en almacenes o tiendas abiertas al público. La adquisición causa prescripción de derecho en favor del comprador respecto del objeto adquirido. El propietario de los bienes vendidos carece de acción reivindicatoria para dirigirse contra el que adquiere en pública subasta. Sólo podrá dirigirse contra el que vendiere los recursos inapropiadamente, a través del ejercicio de las acciones correspondientes; también contra la empresa subastadora, si esta conoció, o bien pudo haber conocido, la procedencia ilegal de los bienes, de haber empleado una diligencia normal. La compañía subastadora responderá solidariamente con el titular del bien subastado por la carencia de conformidad de éste con el anuncio de la subasta, como por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, cuando hubiese incumplido las obligaciones de información que le impone el art. 58 de la Ley (art. 61.2).

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